OCU valora positivamente las medidas del Gobierno para frenar el precio de la luz pero las considera insuficientes

Los 172,78 euros/MWh que alcanzará la electricidad mañana día 15 en el mercado mayorista superan en casi 20 euros el reciente récord del pasado lunes y suponen, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) una estratosférica subida del precio de la electricidad, especialmente dramática para miles de hogares golpeados por la actual crisis económica.

La factura del mes de septiembre, incluso con la anunciada reducción del impuesto de la electricidad del 5,5% al 0%, se disparará hasta los 87,2 euros, lo que supone encarecer la factura en un 48% sobre la factura pagada el pasado mes de septiembre de 2020 (59 euros). Pero es que sin la bajada temporal del IVA del 21% al 10%, junto con la reducción del impuesto de la electricidad, la factura habría superado por vez primera los 100 euros (100,3 euros).

OCU celebra que se haya puesto de una vez por todas el foco en los ingresos extraordinarios que tienen las tecnologías como la nuclear, hidráulica e incluso algunas plantas de generación eólica. Desde hace años la organización ha solicitado medidas que garanticen una remuneración justa para las plantas que necesitan cubrir elevados costes para generar electricidad, sin que ello suponga beneficios extraordinarios para el resto del mix energético. Estas medidas, junto a las impositivas (reducción del IVA y eliminación del Impuesto de electricidad), son parte fundamental del Decálogo de Propuestas que OCU plantea para conseguir una factura más justa. 

Claro que aún falta que el Gobierno garantice una seguridad jurídica en estas medidas, de forma que, en contra de lo que ha ocurrido con otras reformas, la Justicia no las revoque y lo que ahora es un ahorro en la factura, se convierta en una hipoteca que haya que pagar en años sucesivos. Además, estas medidas deberían ser permanentes, tanto la reducción de impuestos, como las que limitan esos ingresos extraordinarios por parte de las compañías. 

Así mismo OCU considera que además de las aprobadas, quedan otras importantes medidas pendientes para aumentar la protección de los consumidores: entre ellas es necesaria  una amplia reforma del Bono Social que facilite la accesibilidad a todos los hogares (más de 1.2 millones deberían ser beneficiarios del Bono Social y no lo tienen contratado) con medidas que faciliten su aplicación automática en base a criterios de ingresos y su extensión a comercializadoras en el mercado libre, que podrían aplicarlo sobre su catálogo de tarifas vigente.

Al mismo tiempo, para el resto de los consumidores, es exigible una mayor transparencia en las tarifas, identificándolas de forma inequívoca y haciendo público el catálogo completo de tarifas que tienen activas sus actuales clientes, de forma que se facilite la comparación de las tarifas para los consumidores. 


AUTOR: Organización de Consumidores y Usuarios